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Se creará una tarjeta que dará derecho a tres años de transporte público gratuito, dando de baja un coche contaminante

La Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Diputación se han comprometido a reducir un 30 por ciento las emisiones contaminantes generadas por el tráfico rodado en un plazo de quince años.


Acuerdo de las administraciones para mejorar la calidad del aire en Barcelona
 
 
 

(08/03/2017) Esta reducción permitiría adaptarse gradualmente a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud que fija en un 10 por ciento la reducción para los próximos cinco años  hasta llegar al 30 por ciento. El acuerdo que afecta fundamentalmente a las emisiones generadas por la movilidad, se centra en los cuarenta municipios de protección especial de la conurbación de Barcelona.

El núcleo del compromiso de las administraciones es la modificación de los hábitos de movilidad para eliminar desplazamientos en vehículo privado y aumentar los del transporte público y, especialmente en episodios de alta contaminación, reducir los desplazamientos innecesarios y evitar las horas punta.

Tarjeta Verde

El acuerdo contempla la creación de una tarjeta verde metropolitana que dará derecho a tres años de transporte público gratuito para todos los servicios de la Autoridad de Transporte Metropolitano. De ella se podrán beneficiar los residentes en el área metropolitana que den de baja un vehículo ligero diésel fabricado antes de 2005, de gasolina o gas fabricado antes de 1996, o motos contaminantes, siempre que durante el período de validez de la tarjeta no compren ningún otro vehículo.

Medidas

Además, los acuerdos incluyen restricciones al tráfico a partir del próximo 1 de diciembre, para las furgonetas matriculadas antes de octubre de 1994 y de turismos anteriores a enero de 1997, durante episodios de alta contaminación. A partir de enero de 2019 esa restricción se extenderá a todos los días laborables.

Las administraciones se han comprometido a estudiar la implantación de un peaje por congestión en los cuarenta municipios de protección especial, dentro del proceso de implantación de un nuevo modelo de financiación de las vías de alta capacidad que debería estar finalizado en otoño.

También se estudiará la implantación de una tasa sobre el precio de los carburantes para financiar reducciones tarifarias en los transportes públicos, y el desarrollo de nuevos modelos tarifarios, kilométrico y de pago por uso.